¿Nos están fallando las democracias?

René Torres-Ruiz*

El mundo enfrenta, desde hace algún tiempo, un profundo malestar con la democracia procedimental de inspiración liberal. Hay, en la actualidad, una maltrecha democracia representativa. La democracia del voto, de los partidos, de las elecciones experimenta fuertes reclamos ciudadanos por sus insuficientes resultados, por sus precarias respuestas a la multiplicidad de problemáticas que lastiman y afectan a la población y, sobre todo, por no haber sido capaz de cumplir a cabalidad con las ilusionantes promesas que hizo, o hicieron en su nombre, en diversos países del orbe que decidieron adoptar, mediante complejos y arduos procesos de cambio político, esta forma de gobierno.

Hoy, muy amplios sectores sociales están desencantados de la política y de la democracia, de su funcionamiento, debido también a tanta desconfianza hacia los partidos y los representantes populares. En este marco se registran humores públicos coléricos, inquietos e insatisfechos, que exigen un mejor ejercicio democrático, que demandan condiciones más propicias para ejercer derechos y libertades, que señalan a gobernantes corruptos e incapaces de resolver problemas de diversa índole. La ciudadanía rechaza esta forma de gobierno porque ha sido incapaz de disminuir la pobreza y la desigualdad, de erradicar la violencia, de construir, en suma, sociedades más justas, equitativas y capaces de mejorar las condiciones de vida y de reconocer y proteger la dignidad humana.

La democracia expresa su incapacidad, insolvencia y desinterés para resolver problemas y demandas sociales propios de nuestro tiempo (empleo, educación, protección de los derechos humanos, diversidad, autonomía y defensa de las identidades de grupos sociales dentro de contextos estatales, medio ambiente, transparencia, legalidad, alto a la corrupción y a la violencia en distintos planos, etcétera). Una democracia en relación muy estrecha con los intereses del neoliberalismo, un modelo político que propicia gobernar en el vacío, sin un respaldo popular amplio, y que genera profunda indiferencia hacia la política y hacia la democracia. Esa misma democracia que tiempo atrás fue percibida “como la clave de una felicidad general por fin accesible, pero (que) ahora ya no lo parece” (Hermet, 2008: 57). Una democracia, que despierta recelo, incredulidad y que adolece de apoyo ciudadano y en donde “La mayoría de los habitantes de las viejas democracias han dejado de creer en un futuro mejor para ellos y sobre todo para sus hijos. La expectativa de una razonable felicidad que justificó durante un siglo la adhesión a este sistema se ha convertido en una ilusión, hasta el punto de ser cada vez menos portadora de legitimidad y de fervor cívico” (Hermet, 2008: 57).

La democracia implementada no hace tanto tiempo en gran parte de América Latina (y en otras latitudes) enfrenta en nuestros días una fuerte crisis. Así como llegó envuelta en promesas que generaron grandes expectativas, hoy despierta, cuando menos, escepticismo, si no es que un marcado rechazo popular hacia los políticos, las instituciones y los gobiernos. Genera desapego, desafección. Esto es así, entre otras cosas, porque los políticos defensores de la democracia liberal, aquellos que se dicen representantes, están cada vez más desvinculados de las situaciones vitales de la ciudadanía y sustentan su quehacer político en la corrupción, la mentira y el engaño, provocando enojo, rabia, frustración entre la población y pérdida de confianza institucional y social. Estos políticos que hablan tanto del poder del pueblo, en realidad se sirven de él.

La crisis de representación que recorre las sociedades del mundo contemporáneo, y en particular de América Latina, responde, a mi entender, a dos razones fundamentales: 1) tiene que ver con que las democracias están insertas en un contexto de pobreza y desigualdad, que lastima la dignidad humana, impidiendo construir mejores condiciones de vida para la población y permite, además, la compra y coacción del voto de manera amplia; y 2) los magros resultados que entregan a la ciudadanía los gobernantes elegidos mediante el voto popular. Estas dos circunstancias hacen bregar a estos gobiernos “representativos” contra la ilegitimidad de origen y la ilegitimidad derivada.

Es decir, muchos gobiernos —lo cual es un fenómeno más o menos recurrente en las sociedades latinoamericanas— pierden su legitimidad de origen al vulnerar el método democrático con el que acceden al poder al recurrir a la compra y la coacción del voto. Si como se ha argumentado, “El gobierno de la sociedad democrática se sostiene […] en la legitimidad de los representantes surgidos de elecciones libres” (Cheresky, 2015: 23), entonces, cuando se coaccionan o se compran conciencias ciudadanas con el dispendio de programas sociales aprovechándose de la pobreza y la exclusión en la que viven millones de personas, esto es, cuando se presenta el voto de la miseria, de la pobreza; la libertad se destruye y la legitimidad de los gobernantes se evapora. Pero muchos de estos gobernantes pierden igualmente la legitimidad derivada que emana de la forma de gobernar, del ejercicio correcto, justo y ecuánime del poder, porque se desvinculan de la gente y no atienden sus demandas y necesidades. Todo ello repercute en que los gobiernos no sean en verdad representativos, ni por el voto, ni por el ejercicio correcto del poder y por cumplir lo que de ellos se esperaba como gobernantes.

Todo lo anterior genera que se amplíe la brecha entre ciudadanía y clase política, viéndose claramente afectadas ciertas instituciones de la democracia representativa, su credibilidad y, muy posiblemente, su perdurabilidad. Ante esta realidad la gente se organiza y surge la célebre consigna “We, the people” (“Nosotros el pueblo”)., como “el deseo de afirmar la propia soberanía, de reafirmar la legitimidad democrática, de invocar el derecho de autogobierno ante las instituciones vaciadas, los partidos corruptos, las fuerzas arbitrarias e incompetentes. En la plaza se reúne la comunidad política de nosotros, la nacional y la estatal, mientras se perpetúa el mito del contrato” (Di Cesare, 2021: 63-54).

*Doctor y maestro en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es Profesor-investigador de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Además, es

miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt. Miembro Regular de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).

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