• Cynthia Valeriano López

La iniciativa popular en California: Una herramienta de gobernanza y sus desafíos.

Cynthia Valeriano López*


En 2020 en California, los ciudadanos no solo votaron por su próximo presidente, sino por 17 iniciativas, sobre cuestiones como las cuotas étnicas para el ingreso a las universidades estatales y los empleos públicos, el derecho de voto de las personas en libertad condicional o los controles al aumento de los arrendamientos de vivienda, con una participación de poco más del 70% de los electores.


Desde el diseño constitucional de los Estados Unidos, se consideró la toma de decisiones compartida entre el gobierno, las organizaciones civiles y el mercado en donde la integración de los últimos, teóricamente, detona la acción cooperativa, de modo tal que se construya una meta organización: La gobernanza.


Desde 1911, California cuenta con mecanismos que le dan al ciudadano el poder de iniciar un procedimiento legislativo a partir de la propuesta, aprobación o rechazo de iniciativas que aparecen en boletas estatales y acompañan elecciones primarias o generales celebradas en años pares a partir del voto directo, cuya resolución es vinculante a la acción ejecutiva y legislativa.


Desde sus inicios, la democracia americana ha incorporado mecanismos de gobernanza, a partir de la idea de que ésta, resuelve casi cualquier problema público o social, sobre la cual se espera que la parte gubernamental y su acción se transforme, se modernice y entable dinámicas de participación y coordinación social, siendo por ello (y no pese a ello) más efectivas y eficientes (Arellano en referencia a Aguilar 2006).


La gobernanza es el ejercicio del gobierno a partir de la creación de redes interorganizacionales, auto organizadas, caracterizadas por la interdependencia, el intercambio de recursos, las reglas del juego y una autonomía significativa del Estado, ello implica la existencia de una sociedad crítica y racional, capaz de ponerse de acuerdo y coincidir en una serie de acciones que repercuten en el bien común, que debe contar con 4 recursos indispensables: legitimidad, eficiencia, democracia y responsabilidad (Kjaen sobre Scharpf, s.f.).


¿Cómo se construye la legitimidad en la acción colectiva?, de acuerdo con Kjaen, el punto de partida axiomático es la incapacidad de una estructura jerárquica del gobierno para resolver problemas de carácter social, por lo que se vuelve necesaria la participación de muchos actores sociales que son complejos y plurales (Aguilar 2006), que garantizará una mayor y mejor información, utilizará eficientemente los recursos, promoverá una mayor transparencia y una agenda pública más ciudadana (Rhodes, 1996).


La iniciativa popular parte de una visión de gobierno multiparticipativo, descentralizado, con pluri centros de poder y una autoridad fragmentada en torno a la decisión ciudadana, ¿es la naturaleza de esta herramienta la que fomenta el interés de la sociedad?


Una explicación posible es la intensa participación de grupos de interés, que se han dado cuenta de que pueden utilizar el proceso para forzar una acción legislativa (Boehmke, 2005, Gerber, 1999), al fragmentarse los sistemas políticos como consecuencia de la participación de las organizaciones, el acto social y organizacional se vuelven también políticos y opacos, en ocasiones estratégicos (Arellano, citando a Goffman, 1981).


Los participantes ganan poder al controlar arenas de incertidumbre en juegos políticos interdependientes a partir de la creación de acuerdos, pero no es un proceso automático y tampoco culmina con el acuerdo en si y su estructuración, ya que la acción, la evaluación de resultados y efectos concretos de la interdependencia, requiere de otras habilidades, acuerdos y de nuevos conflictos (Brunsson, 2007)


También existe evidencia de la relación existente entre el éxito/fracaso de las iniciativas populares y el gasto en su promoción ya que incide en el grado de participación social, principalmente de aquellos votantes que tienen menos información, aunque no necesariamente se corrigen las asimetrías existentes, ya que la información que motiva la acción colectiva proviene de una postura sobre el tema de los participantes que buscan influir en las creencias de las personas sobre el mundo social, modificando su comprensión de lo que representan sus mejores intereses (Mols, Haslam, Jetten, Steffens, 2015).


Adicionalmente, la transparencia en el origen y destino de los recursos destinados a promover la participación ciudadana es una tarea pendiente. La rendición de cuentas es crucial para la teoría de la gobernabilidad: implica responsabilidad, definir quién puede pedir cuentas y quién debe explicar (Arellano , Sánchez y Retana, 2014), aunque en el caso de las iniciativas populares puramente ciudadanas, la rendición de cuentas puede desaparecer en una red de instituciones muy extensa o compleja cuando es difícil definir quién hizo qué.


Finalmente, se generan condiciones reduccionistas del papel del Estado, a partir de la limitación de la responsabilidad de los gerentes públicos en la socialización de las decisiones, quitándoles la oportunidad de definir la estrategia organizacional necesaria para resolver un problema social. Decía Mark Moore (1995) que para establecer una estrategia se debe tener la habilidad para construir un acuerdo entre los interesados basado en 3 elementos: 1) la definición de una estrategia que produce cosas (o servicios) de valor en términos de autoridad, 2) la legitimidad y sostenibilidad, y, 3) a factibilidad administrativa, sin embargo, si la definición de “valor público” es un valor de grupo, que utiliza sus recursos para empujar la acción colectiva hacia ellos o bien, la definición del valor público no reúne las 3 condiciones del triángulo estratégico, ¿la ciudadanía deslindará y por ende, asumirá su responsabilidad al haber definido mal su propia misión?


A pesar de lo anterior, la iniciativa popular ha sido una de las grandes aportaciones de la gobernanza, que debe ser modificada en su operación, fortalecer los valores cívicos de la sociedad, y promover una mejor comprensión de las limitaciones administrativas que permitan una mejor agregación de preferencias en los próximos años.




* Profesora de Economía y colaboradora del Tec de Monterrey, además previamente fue Directora Ejecutiva de Apertura de Negocios de la Ciudad de México.







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APA 7: Valeriano, C. (2021, Septiembre 01). La iniciativa popular en California: Una herramienta de gobernanza y sus desafíos. Global Lens. https://www.globallens.mx/post/la-iniciativa-popular-en-california-una-herramienta-de-gobernanza-y-sus-desaf%C3%ADos


MLA 8: Valeriano, C. “La iniciativa popular en California: Una herramienta de gobernanza y sus desafíos.” Global Lens, 1 Septiembre, 2021, https://www.globallens.mx/post/la-iniciativa-popular-en-california-una-herramienta-de-gobernanza-y-sus-desaf%C3%ADos


Chicago: Valeriano, C. “La iniciativa popular en California: Una herramienta de gobernanza y sus desafíos” Global Lens, 1 Septiembre, https://www.globallens.mx/post/la-iniciativa-popular-en-california-una-herramienta-de-gobernanza-y-sus-desaf%C3%ADos