El populismo de Polonia: Crisis existencial para La Unión Europea

Mtra. Érika Ruiz Sandoval*

Dice el dicho que “todos los caminos llevan a Roma”, pero, en este momento, los dilemas más acuciantes de la Unión Europea (UE), el experimento político más exitoso de la historia moderna, tienen que ver con Polonia. Desde su adhesión en 2004, y particularmente desde la llegada al poder del gobierno populista del Partido Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco) en 2015, las posiciones de Polonia han desafiado a la UE en su esencia misma, al punto de plantear una crisis existencial para el proyecto europeo. En las últimas semanas, la crisis de refugiados en la frontera con Belarús se suma como otro tipo de amenaza existencial para este actor internacional sui géneris. Para ilustrar este punto y dadas las limitaciones de espacio, solo se discutirá el cuestionamiento polaco a la primacía del Derecho europeo en el marco de una serie de políticas populistas que buscan erosionar el Estado de derecho en ese Estado miembro y, en consecuencia, en la UE.

Para entender mejor la situación, hay que partir de que la construcción europea se basa en una serie de principios, valores y reglas de corte liberal que apuntalan, desde sus orígenes en 1950 con la Declaración Schuman, el proyecto europeo. La experiencia de las dos Guerras Mundiales y del período de entreguerras –en esencia, una guerra civil europea con una “tregua” de veinte años a la mitad– llevó a los europeos de la segunda posguerra a decidir reconstruirse con base en tres elementos fundamentales para evitar que se presentara un nuevo conflicto en Europa y que hubiera un retorno de los regímenes autoritarios o, peor aún, totalitarios.

El primero de estos elementos es la reconstrucción de los Estados-nación, pero no desde un principio tradicional de soberanía estatal, sino de uno de soberanía compartida. Esa es la clave de la integración europea. Dado que el principal dilema era cómo evitar un nuevo enfrentamiento con las consecuencias ya conocidas entre Francia y Alemania, había que hacer algo distinto a lo que se había hecho tras la Primera Guerra Mundial, es decir, no se podía castigar a Alemania, porque era fundamental su papel en la reconstrucción económica de la región, pero había que dar garantías a Francia en términos de su seguridad nacional.

Ahí nació la idea de la integración europea: un proceso con un claro fin político que se alcanza por medios económicos. Así, todo empezó con la creación de un mercado común de carbón y acero bajo una autoridad supranacional, en el marco de una comunidad (la Comunidad Europea del Carbón y del Acero o CECA) con seis Estados miembros: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. ¿Por qué carbón y acero? Porque ambos bienes eran fundamentales tanto para la reconstrucción económica como para hacer la guerra en los años cincuenta del siglo XX.

Si se mira la estructura institucional creada entonces, se verá claramente que la intención no era ceder soberanía a la autoridad supranacional, sino compartirla, toda vez que los Estados miembros seguían teniendo un papel en la toma de decisiones. Para ponerlo en términos muy simples, la autoridad supranacional proponía y los Estados miembros disponían, pero sin la capacidad de enmendar la propuesta original de la autoridad supranacional. Así, el proceso de integración podía avanzar o no, según lo que decidieran los Seis, pero no desviarse para favorecer los intereses de uno u otro Estado miembro. El segundo de los elementos fundacionales es el de la economía de mercado, entendida esta en términos europeos, es decir, con una fuerte intervención del Estado en la economía para mitigar los efectos perversos o “daños colaterales” que pueda generar la “mano invisible” del mercado. El tercer elemento y condición sine qua non para pertenecer a este ejercicio de integración y gobernanza multinivel es la democracia liberal.

¿Cuál es el problema con Polonia? Que el partido en el poder se ha dedicado a atacar las libertades fundamentales (incluida la libertad de prensa o los derechos de minorías como la comunidad LGBT+) y también a desmantelar el Estado de derecho. Las reformas que ha impulsado tienen la intención de que el poder judicial quede bajo el control político de la mayoría gobernante, algo que la Comisión Europea viene denunciando formalmente desde finales de 2017. Sin independencia judicial, es difícil pensar que las leyes europeas se aplicarán a cabalidad.

La crisis escaló cuando la Comisión Europea publicó en septiembre de 2020 un informe sobre el Estado de derecho en los 27 Estados miembros. La conclusión general del estudio es que la UE ha fracasado en el combate del retroceso democrático en algunos de sus miembros, a pesar de considerarse a sí misma un bastión de valores liberales. Evidentemente, Polonia salió entre los peor evaluados.

La difusión del informe coincidió con un acuerdo preliminar durante las negociaciones para el paquete de recuperación pospandémica de la UE, equivalente a unos 2.1 billones de dólares, consistente en vincular el acceso a los fondos europeos con el respeto al Estado de derecho. La ecuación es simple: hay que mantener la separación de poderes y la libertad de prensa, entre otros principios, si se quiere tener acceso al dinero europeo para la recuperación que, en el caso polaco, suma unos 66 mil millones de dólares entre transferencias directas y préstamos con baja tasa de interés. La regulación se aprobó en diciembre de 2020 y entró en vigor el 1 de enero de 2021. Así, Bruselas busca dejar de patrocinar a los liderazgos populistas e iliberales su permanencia en el poder.

La crisis alcanzó su clímax en octubre de 2021, cuando el Tribunal Constitucional de Polonia puso en duda la supremacía del Derecho europeo y la autoridad de la Corte de Justicia de la UE, quien no debe “actuar más allá del ámbito de su competencia”. El principio de primacía (o precedencia) del Derecho europeo se basa en la idea de que, de presentarse un conflicto entre un aspecto de la ley europea y un aspecto de la ley nacional en un Estado miembro, prevalecerá la ley europea incluso por encima de las disposiciones constitucionales. Asimismo, todas las sentencias de la Corte Europea de Justicia son vinculantes para todas las autoridades de todos los Estados miembros, cortes nacionales incluidas.

Si ese no fuera el caso, los Estados miembros de la UE simplemente podrían permitir que el derecho nacional tuviera precedencia sobre la legislación primaria o secundaria de la UE, lo que impediría del todo la consecución de los objetivos de las políticas públicas de la UE. Este principio se ha desarrollado con el tiempo, a partir de la jurisprudencia de la Corte Europea de Justicia de la UE. El fin de este principio es que los ciudadanos estén igualmente protegidos por el Derecho europeo en todos los territorios pertenecientes a la UE.

El desafío legal al cual contestó el Tribunal Constitucional polaco vino del propio primer ministro del país, Mateusz Morawiecki. Por primera vez en la historia de la construcción europea, un líder de un Estado miembro había cuestionado los tratados fundacionales de la UE en la corte constitucional de su país. Morawiecki presentó la controversia en marzo de 2021, después de que la Corte Europea de Justicia sentenció que el nuevo sistema para elegir jueces en Polonia (presentado en 2018 por la coalición gobernante) violaba el Derecho europeo. El objetivo final del gobierno polaco era evitar que los jueces polacos usaran el Derecho europeo para cuestionar la legitimidad de los jueces designados por él, tras la ola de reformas impulsadas desde el poder que buscan acabar con la independencia del poder judicial. No es difícil sospechar que el Tribunal Constitucional ya está dominado por jueces afines al PiS, algunos de los cuales son antiguos miembros del partido.

En un tenso debate en el Parlamento Europeo, el líder polaco fue severamente criticado. La presidenta de la Comisión Europea, órgano supranacional encargado de velar por la aplicación de los tratados de la UE, advirtió a Polonia que su desafío antidemocrático no quedaría sin castigo, lo cual tensó aún más una relación de por sí ríspida. La Comisión puede castigar a Polonia con una variedad de herramientas, que van desde una demanda en la propia Corte Europea de Justicia hasta la reducción de fondos y la suspensión del derecho al voto en el Consejo, pasando por la imposición de una multa millonaria.

Para ubicar la amenaza en su justa dimensión, el brexit no representó crisis existencial alguna para la UE, si bien puede considerársele un varapalo en términos del poder blando de Bruselas. Finalmente, está prevista la salida de cualquier Estado miembro que no quiera continuar siendo parte del proceso de integración. Además, mientras fue Estado miembro, Reino Unido no boicoteó desde adentro las leyes o posiciones europeas.

El caso de Polonia es distinto y el riesgo no reside en que la crisis derive en la polexit, es decir, la salida de Varsovia del arreglo europeo. Ese sería el menor de los males. La amenaza real radica en que continúe socavando desde adentro los principios, valores y reglas que cimientan el edificio europeo, y que, en el ínter, boicotee la adopción de nuevas normas que permitan a la UE adaptarse al mundo post-COVID-19, como pueden ser las relativas al Pacto Verde Europeo. Eso sí podría hacer colapsar el acto de equilibrismo tan sofisticado que implica una integración profunda de Estados tan distintos entre sí y que se sostiene gracias a su entramado legal y normativo.

La amenaza sube de nivel porque no se trata solo de Polonia: Varsovia se inspiró en el caso de Víktor Orbán en Hungría y la ola populista se extiende por la República Checa, Austria, Alemania y los países nórdicos, pero también los Mediterráneos y otros miembros de la UE. Por eso, la Unión Europea enfrenta su mayor desafío hasta ahora: una verdadera crisis existencial, producto de las acciones de gobiernos populistas que intentan minar los principios y valores del proceso de integración y, peor aún, el espíritu de una iniciativa que, por obvias razones, no puede ser más que democrática, dados sus orígenes y propósitos. Las instituciones europeas están a prueba y la democracia, ciertamente, en peligro.

*Licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Asuntos Publicos. Trabajo en la Misión de México ante las Comunidades Europeas (Bruselas, Bélgica), de 1996-1997. Ademas fue directora de Foreign Affairs

Latinoamérica.

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