Diplomacia Mexicana de la 4ta: Del programa de Paz a la relación con Estados Unidos

Jessica De Alba-Ulloa*

*Esto es un articulo de opinión y no representa la opinión de la revista Global Lens y el Tecnológico de Monterrey

Al inicio de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se cansaba de decir que la mejor política exterior era la política interna. En cierto modo, eso es cierto: la política exterior de un país debe contribuir al mejoramiento de las condiciones del mismo. De lo contrario, es una mala política.

En México es imprescindible, por ejemplo, la diplomacia comercial coordinada entre Relaciones Exteriores con otras secretarías de estado. Nuestro país, siendo fundamentalmente manufacturero y exportador, necesita acuerdos que sostengan estas actividades. Así como necesita cumplirlos de forma cabal para dar certeza a las inversiones en el país. El problema es cuando el jefe de la política exterior, de acuerdo con la constitución, en la persona del presidente de la república, va teniendo ocurrencias que dejan mal parado al país. Un ejemplo es la cancelación de contratos en materia energética, que llevaron a una respuesta enérgica por parte de Estados Unidos y Canadá, nuestros principales socios comerciales. El canciller, obligado a ser el apagafuegos del presidente, participa en las consultas derivadas de la solicitud formal de los socios de América del Norte con relación a su política energética, de conformidad con lo establecido en el artículo 31.4 del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

Gobernar no es usar un púlpito todas las mañanas para decir disparate y medio, sino para tomar decisiones acertadas de acuerdo al contexto por el que atraviesa el país. Eso incluye el uso de la diplomacia. La última ocurrencia es proponer ante Naciones Unidas un plan de paz entre Ucrania y Rusia para frenar la guerra entre estos países. Se anuncia en la conferencia del presidente sin haber consultado primero a las partes. Acto seguido, el canciller Marcelo Ebrard se ve obligado a preparar un plan más o menos coherente que presenta ante la Asamblea General. La propuesta consiste en establecer un Comité para el Diálogo y la Paz integrado por el primer ministro de la India, Narendra Modi; el Papa Francisco y el secretario general de la ONU, António Guterres, seleccionados por el gusto personal del presidente.

Pero uno se pregunta, en un país donde los homicidios dolosos tendrá en la historia, según cifras oficiales en agosto 2, 624 muertos, que proyectados a 25 meses sería 65,600 muertos más que habría que sumar a los 126,000 que ya lleva. Aunado a esto, según un informe del Texas Public Policy Foundation, el narcotráfico mexicano ha visto un aumento exponencial, tanto en la actividad como en la violencia utilizada por los cárteles mexicanos de la droga en los últimos 50 años. El gobierno mexicano tiene un historial mixto de tratar con los cárteles, alternando entre indiferencia, ineficiencia o, más recientemente, colusión. Estados Unidos ha invertido dinero y personal para ayudar al gobierno mexicano a luchar contra los cárteles y eliminar el narcotráfico. Pero la cooperación ha dependido en gran medida de la inclinación de la administración en el poder. Hay varios informes y pruebas de corrupción en todos los niveles del gobierno mexicano, incluidos los sobornos recibidos por funcionarios de alto rango que apuntan a la colusión. Ahora, observamos una pérdida de facto de la soberanía del estado mexicano sobre su propio territorio, con estimaciones que sugieren que entre el 35 % y el 40 % del territorio mexicano está bajo el control directo de un cártel.

La administración de López con la ayuda de la cancillería mexicana intenta por todos los medios negar esta información. El gobierno de Joseph Biden hace como que les cree, pero a la vez envía a sus secretarios de estado a atender las diferentes urgencias. Además, compromete a México a aportar $1,500 millones de dólares para ayudar a Estados Unidos a gestionar migrantes en la frontera sur. Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió el 21 de septiembre una orden ejecutiva que designa a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas e instruye al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) a tomar medidas inmediatas para mantener seguros a los tejanos en medio de la creciente crisis nacional de fentanilo.

Ni qué decir sobre lo recientemente revelado en el caso de los normalistas de Ayotzinapa. Los documentos del informe que se dieron a conocer admiten la participación del Ejército Mexicano en los hechos, dando muerte a seis de los normalistas. El presidente ha decidido darle todo el poder al Ejército, (de paso incorporando su invención de la llamada Guardia Nacional): controla aduanas, puertos y entradas al país, banco, aeropuertos, construcciones, opiniones, tareas de seguridad pública. Todo sin rendición de cuentas, sin escrutinio democrático y sin detener delincuentes.

Por más maromas diplomáticas que haga el canciller, la comunidad internacional ya está alarmada. A esto le sumamos que el cuerpo diplomático de México se está llenando de militantes morenistas. La concepción del Servicio Exterior debe ser la de una política de Estado. Hoy pareciera que su ejecución apunta a seguir la línea política del presidente. Ni qué decir de los nombramientos políticos a las Embajadas. Como consuelo, al menos podemos estar seguros del profesionalismo de aquellos del Servicio Exterior de Carrera, que sí representan los intereses del país hasta donde les es posible.

*Profesora-investigadora, Centro Anáhuac de Investigación en Relaciones Internacionales (CAIRI), del que fue Directora.Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1.Secretaria General de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI (2021-2023). Chair, Committee on the Status of Engagement with the Global South (2021-2023), International Studies Association (ISA). Coordinadora de libros sobre teoría de Relaciones Internacionales y política exterior de México.