Derechos Humanos de las Mujeres en México: indispensables y soslayados

Dra. Valeria López Vela*

Desde hace más de diez años, tengo la fortuna de ser profesora y conferencista en Derechos Humanos y Género; durante mis sesiones, suelo iniciar la interacción con las y los participantes con la misma pregunta: ¿cuándo fue la última vez que te discriminaron?

Y aunque ha habido reformas importantes, planes nacionales, creación de institutos y jugosas partidas presupuestarias, las respuestas que recibo no se han modificado proporcionalmente a los esfuerzos. Peor aún, puedo decir que la percepción sobre discriminación que tienen las mexicanas no ha mejorado en la última década.

Un ejemplo que me parece paradigmático es el de los costos diferenciados por género de las aseguradoras en México. En promedio, los seguros de gastos médicos mayores de las mujeres son 50% más costosos que los de los hombres; la práctica está tan internalizada en nuestra sociedad que a pocos sorprende que un reglamento se imponga sobre el artículo 1 de nuestra constitución.

Esto es a lo que los teóricos, especialmente Johan Galtung, han nombrado como “violencia estructural”: aquella que impacta en la vida cotidiana de las personas pero que permanece invisible y normalizada como parte del orden social. A menudo está dirigida hacia las mujeres y se mantiene a través de estereotipos y roles que identifican insidiosamente a las mujeres como inferiores, menos competentes, destinadas a la reproducción, en todos los ámbitos y niveles.

Así, aunque nuestras leyes ordenen la igualdad entre todas y todos los mexicanos, ésta es imposible de materializar pues la violencia estructural impide el mismo acceso a oportunidades, trato y derechos para hombres y mujeres, imposibilitando el cumplimiento de la igualdad sustantiva.

De acuerdo con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, los tipos de violencia son: física, psicológica, económica, patrimonial y sexual. Mientras que los modos de violencia de género son violencia familiar, violencia laboral, violencia docente, acoso sexual, hostigamiento sexual, violencia política, violencia feminicida, violencia institucional y violencia en la comunidad.

Vista como una violación a los Derechos Humanos, la violencia de género rompe con los derechos a la integridad física y psicológica, a la libertad y seguridad, provocando que la persona quede limitada, de forma temporal o permanente, para su desarrollo personal y su participación económica, democrática y humanitaria.

Promover acciones y políticas que prevengan las formas en las que sucede o ha sucedido la violencia de género es un acto imperativo para hacer válido el derecho a las mujeres a vivir libres de violencia.

Es decir, la tensión creada entre la violencia estructural y la igualdad sustantiva nos obliga a tomar medidas urgentes que, desde la legalidad, reviertan prácticas socialmente indeseables, pero profundamente arraigadas.En ese sentido, cualquier estrategia debe considera la necesidad de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de las mujeres pues, solo de esta forma, se puede lograr una vida libre de violencia en condiciones de igualdad. Para lograrlo, los programas políticos y de gobierno deberán ser los medios para avanzar progresiva e integralmente hacia la realización de los Derechos Humanos, en específico: la obligación de promover la igualdad mediante el diseño legislativo, el impulso de programas, la incorporación de medidas para la igualdad -entre otros- que se ocupen de la prevención, atención y sanción de la violencia de género.

Recuperando el ejemplo inicial, el género no puede impactar en los costos de los seguros médicos privados pues vulneran el acceso al derecho a la salud: es un acto de discriminación; por ello, indispensable que tanto a nivel normativo como a nivel social, dentro de nuestro Estado, no haya reglamentos, prácticas ni conductas que limiten los derechos humanos de las mujeres

En ese orden de ideas, la calidad con la que se aborda un problema de repercusiones tan graves, constituye para nosotros un indicador importante de cómo se concibe un fenómeno social tan complejo y qué importancia tiene para los diferentes actores sociales, desde la academia, hasta los centros de procuración de justicia o las empresas privadas.

El objetivo final sería garantizar el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida pública y privada.

*Licenciada y doctora en Filosofía por la Universidad Panamericana. Cuenta con un Máster en derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es la coordinadora general del Diplomado en Prevención y Atención de los Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual del CIDE y en 2018 fue la directora nacional de las Jornadas para la Prevención y Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual para la Secretaría de la Defensa Nacional.